"Un acto público, de reconocimiento, de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. Así pues comparezco, entonces, ante ustedes, en representación del Estado Uruguayo, en mi carácter de presidente de la República, jefe de Estado y jefe de Gobierno de la República Oriental del Uruguay y mando superior de las Fuerzas Armadas de este país.
Participan de este acto, además, los ministros de Estado, integrantes del Poder Ejecutivo, los miembros de la Suprema Corte de Justicia, representación del Poder Judicial, legisladoras y legisladores, integrantes del Poder Legislativo, con cuya presencia queremos reflejar en este acto la manifestación más global posible del Estado uruguayo. De esta forma, el Estado Uruguayo confirma en primer lugar su obligación jurídica de dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado uruguayo en uno de los primeros actos legislativos posteriores al restablecimiento democrático operado el 1º de marzo de 1985, reconoció por ley, que aceptaba la competencia contenciosa de la CIDH. Con este acto, libre y soberanamente con sentido, el Poder Ejecutivo de la época actuando en nombre y representación del Estado adoptó un compromiso político institucional para el Uruguay ante los organismos del sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos.
Uruguay, como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ha reconocido la competencia de la Corte de acuerdo al artículo 62 de la Convención se somete al ordenamiento jurídico del que es parte y por tanto, debe cumplir las decisiones impuestas actuando bajo el principio de buena fe ante otros estados parte que han ratificado o adherido a la convención americana y frente a todos los individuos sujetos a su jurisdicción. Ello no es sino la afirmación del Estado constitucional de derecho que pone obligaciones y límites al poder soberano del Estado especialmente en la realización y
protección de los Derechos Humanos. En términos de políticas, el Estado ratifica además su adhesión al sistema regional de promoción y protección de los Derechos Humanos y su compromiso de continuar sus esfuerzos para el fortalecimiento de los mecanismos regionales y universales a ese respecto.
Como víctimas de violaciones de los DDHH, María Claudia García y su familia tienen el derecho que obliga éticamente al Estado al reconocimiento, asunción de responsabilidad y reparación por los actos que padecieron.
A tales efectos, hemos avanzado hacia el cumplimiento en la sentencia dispuesta, removiendo los obstáculos jurídicos que impedían la investigación y adoptando todas las medidas necesarias para favorecer e impulsar la misma y en tanto ella no cesará hasta la ubicación definitiva de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman e individualización de los responsables de los hechos.
En ese mismo sentido, hemos resuelto afectar el local donde en el pasado funcionó el servicio de información de Defensa, para que allí se establezca y funcione la Dirección Nacional de Derechos Humanos. Hoy en la mañana se dio cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia. Se ha descubierto una placa en memoria de María Claudia García Iruretagoyena y otras víctimas y sobrevivientes que permanecieron, fueron interrogados o desaparecidos en dicho centro clandestino de detención.
Sobre estas bases, jurídicas y éticas el Estado uruguayo reconoce su responsabilidad por los hechos del presente caso. El Estado uruguayo reconoce que en el pasado se cometieron en el país acciones violatorias de los Derechos Humanos. Tal como acredita el presente caso al amparo de la llamada doctrina de la seguridad nacional se llevó adelante una política sistemática en represión a las organizaciones sociales, sindicales y políticas, así como la persecución de sus integrantes y el control de la entera sociedad civil. Expresión, todo ello, de lo que se denomina terrorismo de Estado. En el desarrollo de esta doctrina de la seguridad nacional, el Estado uruguayo integró el llamado Plan Cóndor. Una coordinación internacional con Argentina, Brasil,
Chile, Bolivia y Paraguay para desplegar la persecución por razones ideológicas a los habitantes de los países referidos y proceder a su detención y traslado clandestino o decidir el asesinato y desaparición de los detenidos. De muchas de estas personas aún no se sabe su paradero, ni su suerte, todavía no se conoce su destino, ni se ha hallado sus restos.
María Claudia García Iruretagoyena, ciudadana argentina, de 19 años de edad fue detenida ilegalmente en Buenos Aires, el 24 de agosto de 1976, junto a su esposo, Marcelo Gelman, permaneciendo ambos privados ilegítimamente de libertad en el centro clandestino de detenciones Automotores Orletti, en la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, María Claudia, embarazada de 8 meses fue trasladada a Montevideo y llevada al centro clandestino de detención que funcionaba en la sede del SID, permaneciendo hasta el día de hoy desaparecida. Durante su detención ilegal María Claudia dio a luz a una niña, quien pocas semanas después de su nacimiento en cautiverio fue sustraída, de la cual fue sustituida su identidad para ser entregada a una familia que no era la suya, permaneciendo desaparecida por más de 20 años. En febrero del año 2000 fue localizada Macarena. Los hechos, que fueron conocidos por la Corte Interamericana de Derechos, comenzaron a perpetrarse en colaboración con fuerzas de seguridad y autoridades argentinas en el marco de la denominada Operación Cóndor.
En ese contexto, de cooperación, centenares de personas fueron víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas como parte de una práctica sistemática del terrorismo de Estado. Por ello, invocando las atribuciones citadas al inicio de este acto, en nombre de la República Oriental del Uruguay, como entidad colectiva y en el marco de los principios de continuidad y sucesión del Estado independientemente del ámbito temporal y material en que ocurrieron los hechos, el Estado uruguayo reconoce su responsabilidad institucional por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, por lo cual violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica a la vida, a la integridad personal, a la libertad. Asimismo, el Estado es responsable por la supresión y sustitución de la identidad de María Macarena Gelman García Iruretagoyena, ocurrida
desde su nacimiento hasta que se determinó su verdadera identidad y expresada como una forma de desaparición forzada por lo cual en ese período violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la familia, al nombre, a los derechos de los niños y niñas y a la nacionalidad y por haber puesto en riesgo su supervivencia y desarrollo, afectando su proyecto de vida.
También el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a la protección de la familia en perjuicio del señor Juan Gelman, padre de Marcelo Gelman y abuelo de Macarena, como consecuencia de los sufrimientos ocasionados por estos hechos y su búsqueda de justicia. El Estado reconoce su responsabilidad por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial por la falta de investigación efectiva de los hechos del presente caso y juzgamiento y sanción de los responsables en perjuicio de Juan y Macarena Gelman como consecuencia de la interpretación y aplicación que el Estado dio a la Ley de Caducidad de la Pretensión punitiva del Estado, respecto de graves violaciones a los Derechos Humanos.
Uruguay, como estado, asume su responsabilidad jurídica internacional por los hechos reconocidos en la sentencia. Reconoce además su responsabilidad ética por dichos hechos, conforme a ello, el Estado condena a los mismos y afirma su compromiso con la Justicia y su voluntad de que hechos similares no vuelvan a repetirse. Con este fin, el Estado ha dado y seguirá dando pasos firmes a los efectos de reparar el daño. Gracias."
Transcripción: Comunicación Frente Amplio
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